lunes, 12 de octubre de 2009

¿Vacunas sin confianza?

Las vacunas son uno de los grandes logros de la medicina moderna. Han evitado muchísimas muertes y sufrimientos, muchos de ellos a los más dignos de protección, como los niños. Pero son un instrumento muy sofisticado. Ni los médicos que trabajan directamente con los pacientes, ni mucho menos los usuarios, son capaces de evaluar epidemiológicamente cuándo los beneficios de una vacuna son netamente superiores a sus riesgos. Por eso, las autoridades sanitarias elaboran calendarios de vacunación en los que todos confiamos. El magnífico edificio de las vacunas descansa sobre un pilar: la confianza.

El problema de la confianza es que se tarda muchísimo en ganarla, pero se pierde en un instante. Cuando en un tema tan difícil de valorar como la vacunación, se pierde la confianza, el campo queda abonado para dudas, murmuraciones, teorías más o menos fundadas, etc. De forma irresponsable y poco inteligente, las autoridades sanitarias y algunos laboratorios farmacéuticos están derribando un edificio maravilloso que se ha tardado décadas en construir. ¿Cómo? Traicionando la confianza de los ciudadanos y utilizando la vacunación en pro de beneficios políticos y económicos.

El primer paso de esta tremeda irresponsabilidad sanitaria se dio cuando la vacuna antimeningocócica de GSK, una vacuna muy poco eficaz, llegó al mercado a finales de los 90. Entonces se hicieron saltar alarmas sanitarias sobre casos de meningitis que no tenían nada de inusual, y se desató el pánico haciendo creer a todos que la vacunación era necesaria y que no se hacía por mezquindad económica del gobierno -entonces del PP-. Recuerdo cómo los antibacterianos que se usaban como profilaxis se agotaron en las farmacias. Luego, los gobiernos autonómicos se apresuraron a usar la vacuna al grito de "tonto el último". Primer desastre.

El segundo desastre ha sido, año a año, la falsa noticia de que "este año se espera una gripe más virulenta,según nosequé experto". Cuando en 2008 el Papa viajó a Australia, los medios se apresuraron a llamarla "la gripe del Papa", diciendo que los jóvenes llegados de Europa portaban peligrosos virus de gripe. Todo falso. Los laboratorios usaban cada año esta estrategia para incrementar las ventas de vacuna antigripal. Y los medios de comunicación -sobornados o idiotizados- publicaban las notas de prensa salidas de la cocina de un laboratorio farmacéutico.

El tercer desastre ha sido la vacuna del papiloma, adoptada públicamente en España por motivos políticos e ideológicos, no epidemiológicos, con el papelón de ver al ministro Bernat Soria danzarles la música a los comercializadores de este producto. Para colmo, algo cuyo balance beneficio/riesgo no conocen siquiera lo médicos bien instruidos -sólo los especialistas en el tema- se deja a criterio de los padres o usuarias, que sin información, han de decidir si les interesa vacunarse o no. Espantoso. Claro, que hay otro interés ahí: como se sabe que la falacia del "sexo seguro", publicitada hasta la extenuación por el Ministerio de Sanidad, va a acarrear una epidemia de condiloma y cáncer de cérvix, con la vacuna lo tapamos un poco...

Finalmente, tenemos el circo actual de la gripe A. La OMS, que ya había dejado claro que está vendida a laboratorios y a grupos de presión (recomendó losartán como antihipertensivo de elección nada más salir al mercado, y ha adoptado como propias las consignas del lobby abortista y de los laboratorios relacionados con este negocio), ahora se ha dedicado a montar una estafa a nivel mundial con la gripe A. Los hechos son los siguientes: desde principios de la década, varios laboratorios han invertido sumas millonarias en estar preparados para producir urgentemente vacunas contra una posible pandemia de gripe. La OMS se ha encargado de sembrar el pánico sobre un virus, la famosa gripe A, que no tiene nada de peligroso con respecto a la gripe que nos ataca cada año. Y los laboratorios van a hacer el Agosto.

Aparentemente, lo único que perdemos con esto es dinero. Pero en el camino hemos perdido mucho más: ahora proliferan en Internet miríadas de vídeos demagógicos que siembran dudas sobre muchos otros aspectos de las vacunaciones. El problema, es que ahora esos vídeos demagógicos pueden llevar a muchos a desconfiar de las vacunas en las que siempre han confiado. Y todo porque la OMS, las autoridades sanitarias,los laboratorios, los medios de comunicación y otros untados en todo este tinglado, nos han hecho perder algo muchísimo más importante que el dinero: la confianza.

Es una verdadera pena, que amenaza con echar por tierra décadas de trabajo y de bienes para toda la humanidad, que se han conseguido con las vacunas.

viernes, 9 de octubre de 2009

Por qué no dispenso la píldora del día después

Soy farmacéutico. Cuando, en 2001, un gobierno nacional del PP aprobó la PDD y el gobierno autonómico andaluz del PSOE la ofreció gratuitamente en los centros sanitarios, yo era farmacéutico de un distrito de atención primaria de salud. Estudié el mecanismo de acción de la PDD, y todos los estudios confirmaban lo que dice la propia ficha técnica: que actúa impidiendo la concepción pero con una eficacia baja, del 50%, y que el resto de su efecto se consigue impidiendo la implantación del embrión.



Soy farmacéutico para ayudar a las personas. Creo que todo trabajo, desde el más humilde al más valorado socialmente, tiene que poder darnos la satisfacción de esforzarnos por una sociedad mejor; eso es lo principal. En particular, los profesionales sanitarios tenemos una vocación al cuidado de la salud, y no sólo del que nos lo demanda, sino de la salud de todos. Es decir, tanta responsabilidad tengo yo sobre la salud de la chica que demanda una PDD, como sobre la vida del embrión que puede llevar en su seno. Darle un producto que puede conducir a la muerte de ese ser humano, aún en fase embrionaria, va contra los más elementales principios de la profesión farmacéutica.



Por eso, aunque entonces tenía un contrato precario de obras y servicios y mi sueldo era el único que entraba en casa, tomé la determinación de negarme a cualquier intervención profesional que tuviese algo que ver con la PDD. Cuando cambié de trabajo y fui al hospital, comuniqué la misma decisión a mi jefe de servicio. Y así he actuado siempre que se ha presentado ocasión.
Hoy me encuentro con la barbaridad de que este producto ha sido aprobado para su compra sin receta en las farmacias. No ha parecido importar al Gobierno, que sea un producto que atenta contra la vida humana, ni siquiera el hecho de su inseguridad en administraciones repetidas y en adolescentes, ni que se haya demostrado epidemiológicamente que su disponibilidad no disminuye la incidencia de embarazo imprevisto. Aprobarla y extender su uso son decisiones propagandísticas de una ideología que desprecia la vida humana prenatal, no decisiones sanitarias. Para colmo, el Ministerio de Sanidad engaña a la población diciendo, en un folleto oficial, que no es un abortivo porque no actúa cuando el embrión ya se ha implantado, entrando en un desafortunado juego dialéctico para ocultar la verdad: que impide la implantación del embrión, y por tanto conduce a la eliminación de un ser humano. Ese folleto está colgado tal cual en la web del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, sin pudor alguno. Y ya está aprobada otra píldora (ulipristal) que puede usarse hasta cinco días después.



Si aun esto falla, tenemos el aborto libre y financiado como un derecho con nuestros impuestos. Y como, finalmente, el aborto falla en solucionarles la vida a las adolescentes y sus familias (se la destroza), la vergüenza y la incomprensión acaban imponiendo su fétido silencio sobre la soledad y la tristeza de cientos de miles de mujeres jóvenes, a quienes se ha educado en la falacia del “sexo seguro”.



Algún día, tarde o temprano, alguien se preguntará y nos preguntará cómo pudimos caer tan bajo los farmacéuticos, hasta llegar a constituir un peligro para los padres que quieren dar una educación humana y responsable a sus hijos e hijas, porque se nos reputa capaces de venderles esto, ya incluso sin receta, precisamente a nosotros, que tenemos la responsabilidad ante la sociedad de velar por la salud. La respuesta a cómo hemos caído tan bajo está muy clara, y podemos encontrarla, por analogía, al final de aquella inolvidable película sobre los juicios de Nuremberg: “se llegó a esto cada vez que dispensamos un producto, sabiendo que atentaba contra la salud y la vida humana”. Esa responsabilidad profesional la tenemos y debemos autoexigírnosla. Tarde o temprano, alguien lo hará.



En fin, la respuesta a por qué no dispenso la PDD es simple, y se encuentra ya en la primera frase de este comentario.


Consideraciones científico-sanitarias sobre la “píldora del día después”

Documento elaborado a raíz de la aprobación de su dispensación sin receta médica en las oficinas de farmacia.

La intervención profesional en relación a la denominada “píldora del día después” (PDD) suscita graves problemas desde el punto de vista profesional y ético para muchos profesionales sanitarios. Especialmente ahora, para el farmacéutico, único agente sanitario que interviene en relación con la PDD, una correcta interpretación de sus deberes profesionales pueden conducirle a no dispensar este producto.

EFECTO

Efectos reproductivos de la PDD
La ficha técnica oficial reconoce al menos dos efectos principales de la PDD sobre la función reproductiva: el anticonceptivo y el antiimplantatorio. El mecanismo anticonceptivo tiene lugar al inhibir la ovulación. Cuando esto no se produce y la fecundación tiene lugar, puede aparecer el efecto antiimplantatorio: al alterar la capacidad de la mucosa del útero para recibir al embrión en el momento adecuado, éste no puede implantarse en ella y acaba siendo eliminado.

En un estudio, las mujeres que recibieron la PDD tuvieron una tasa de embarazo de un 1%. Según esto, se ha calculado que el uso de la PDD podría reducir en un 85% la probabilidad de embarazo. Esta cifra que podría estar sobreestimada, ya que la probabilidad de embarazo en demandantes de la PDD podría estar ya disminuida por el stress, uso parcial de medios anticonceptivos, etc.

Efecto de la PDD en la tasa de embarazo imprevisto

Numerosos estudios epidemiológicos de distinta naturaleza y procedencia, muestran que el uso de la PDD no reduce la tasa de embarazos imprevistos, ni la tasa de abortos provocados en la población (Raymond, Obstetrics & Gynecology 2007).

¿Cómo se puede explica esta paradoja? En primer lugar, la capacidad de la PDD para reducir la probabilidad de embarazo podría estar sobrestimada. Por otra parte, es conocido que una mayor sensación de protección induce la aceptación de mayores riesgos. Existe dificultad en detectar cambios en la conducta íntima; algunos estudios muestran que la disponibilidad de la PDD causa un aumento de conductas sexuales arriesgadas en adolescentes (Belzer, Los Ángeles, 2005), mientras que otros estudios no muestran diferencias.

En España, el número total de unidades de PDD vendidas ha aumentado a partir de su aprobación en 2001, desde 160.000 hasta más de 600.000 en 2007. En ese tiempo, la tasa de abortos provocados no ha descendido (69.858 abortos provocados en 2001; 112.138 abortos provocados en 2007, último dato disponible oficialmente). Entre las adolescentes, los abortos han seguido el mismo aumento. En Andalucía, la PDD ha sido dispensada gratuitamente en centros de salud. Sin embargo, entre 2000 y 2006, la evolución en Andalucía fue de 5 abortos más por cada mil mujeres, frente a 4 en el resto de España; fracaso que confirma lo previsto, atendiendo a los estudios epidemiológicos.

SEGURIDAD

Seguridad de la PDD para la mujer

La PDD es una megadosis hormonal, equivalente a 20 veces la dosis diaria de levonorgestrel usado como anticonteptivo. En consecuencia, frecuentemente aparecen reacciones adversas tales como náuseas (en el 15% de los casos), vómitos (15%), diarrea (3%), fatiga (13%), vértigos o mareos (20%), dolor de cabeza (10%), tensión mamaria (8%), dolor abdominal (15%), sangrado vaginal (31%) y retraso de la menstruación (5%).

Estas reacciones podrían ser más graves y frecuentes en personas con una alteración hormonal, una enfermedad de base, o en edades en las cuales el equilibrio hormonal sexual se encuentra aún en desarrollo.

No se conoce con certeza la seguridad de la PDD en adolescentes, las cuales fueron excluidas de los ensayos clínicos principales. Tampoco se conoce su seguridad en administraciones repetidas. Esto puede verse facilitado por una dispensación sin receta, llegando incluso a varias administraciones anuales, lo cual puede tener efectos nocivos sobre el ciclo femenino.

Las propiedades relajantes uterinas de levonorgestrel podrían retrasar el aborto espontáneo de embriones inviables ya implantados, lo que aumentaría el riesgo de complicaciones para la mujer. Por esa razón, se recomienda evitar los progestágenos en mujeres que se encuentran al principio del embarazo (Levonorgestrel, Micromedex 2009).

Finalmente, si la disponibilidad de la PDD indujera un incremento de las conductas sexuales de riesgo, tal como han observado algunos autores, aumentaría el contagio de enfermedades de transmisión sexual tales como SIDA, gonococia, infecciones por hongos, papilomavirus y cáncer de cuello de útero, etc.

Seguridad de la PDD para el embrión

La PDD no es segura para el embrión, todo lo contrario, puesto que al interferir con su implantación en el útero, impediría su desarrollo fisiológico, conduciendo inevitablemente a su muerte.

Sobre un embrión o feto fruto de una relación anterior a la que motiva el uso de la PDD, y ya implantado, la seguridad de levonorgestrel en dosis masiva postcoital es poco conocida. Estudios en pocos casos parecen indicar que carece de efectos nocivos relevantes, pero se necesitarían más estudios más extensos para comprobar su seguridad.

ASPECTOS ADICIONALES

Consideraciones éticas y deontológicas

“No es deontológico admitir la existencia de un período en el que la vida humana carece de valor. En consecuencia, el médico está obligado a respetarla desde su comienzo” (Art. 25.1 del Código de Ética y Deontología Médica). Por su parte, “el farmacéutico se abstendrá de participar en todo tipo de actuaciones, estén o no relacionadas con su profesión, en que sus conocimientos y habilidades sean puestas al servicio de actos que atenten contra la vida, la dignidad humana o contra los derechos del hombre ” (Art. 10 del Código de Ética y Deontología Farmacéutica).

Puesto que es un hecho científicamente probado que la vida humana empieza en la concepción, estos requisitos tienen una aplicación directa sobre la conducta de los profesionales sanitarios.

Conviene aclarar que, cuando en informaciones divulgativas y/o promocionales de la PDD se ha afirmado que la PDD no es abortiva, se puede estar confundiendo el inicio de la vida humana, con el momento del diagnóstico clínico de embarazo (que se realiza tras la implantación). Por otra parte, aunque no siempre se produzca el efecto antiimplantatorio, un principio elemental de precaución ante una acción que pueda poner en peligro una vida humana, nos lleva a evitar acciones que podrían acabar con esa vida.

Es más, el Código de Ética y Deontología Farmacéutica, que reúne los principios éticos mínimos exigibles al farmacéutico (Art. 1), establece, en sus principios generales, que éste, en su ejercicio profesional, excederá el estricto cumplimiento de las normas legislativas vigentes y adoptará un comportamiento ético en todas sus actividades (Art. 2), aunque no le sea solicitado ni requerido (Art. 9).

Una farmacia no es un mero comercio, sino un establecimiento sanitario. Y la actividad sanitaria, profesional, del farmacéutico abarca todas sus funciones en relación con el medicamento, desde su adquisición, hasta su dispensación y seguimiento farmacoterapéutico, incluyendo sus deberes en la promoción de la salud de la comunidad. Todas ellas pueden y deben ser objeto de su mejor criterio profesional y ético, en bien de la salud de todos. Estos criterios afectan tanto a su conocimiento acerca del efecto de la PDD sobre el embrión, como a la dificultad de garantizar su máxima seguridad para la mujer en las condiciones concretas en las que se produce la dispensación.
La Organización Médica Colegial ha especificado que “un acto no es médico porque se recurra a una técnica, a una sustancia o a un instrumento de los que se utilizan en Medicina”. (Diario Médico, 15.9.1998). Análogamente, no toda forma galénica es digna de ser considerada medicamento, ni todo procedimiento en el que interviene una forma galénica es un acto farmacéutico. En este sentido, las posibilidades de cooperar en actos que atentan contra la salud e incluso la vida humana (aborto, pena de muerte, suicidio asistido o no, eutanasia, etc.), usando productos con formas galénicas, se encuentran en expansión en algunos países, y constituyen una deriva en la que las profesiones sanitarias pierden claramente el fundamento ético que ha sustentado su desarrollo histórico y su contribución a una sociedad mejor.
Otras consideraciones (psico-sociales, económicas, legales, etc.)

Considerar, de forma autoritaria, que el efecto nocivo de la PDD sobre el embrión no es relevante para las usuarias, negándoles el acceso a esa información de forma clara y comprensible, es injusto con ellas e inconsistente con la literatura científica. Muchas mujeres pueden enfrentarse a sentimientos psicológicos de culpabilidad y frustración si, después de usar la PDD, llegan al conocimiento de que su uso puede haber acabado con una vida humana. Por desgracia, algunos folletos sobre la PDD, incluido el recientemente publicado por el Ministerio de Sanidad, caen en este defecto.

La medida de permitir el uso de la PDD sin receta médica contradice lo indicado en dos sentencias de la Audiencia Nacional (4 de febrero y 8 de octubre de 2003), que justifican su distribución a condición de que se autorice por un facultativo bajo receta. Además, la 1ª sentencia da por sentado que la PDD no se puede administrar a menores de edad.

El coste global de la PDD en España, aun si su consumo permaneciese estable, estaría en el entorno de los 13 millones de euros anuales. Recientemente (4/8/2009), la Agencia Española del Medicamento ha aprobado en España un nuevo producto para contragestación postcoital (Acetato de ulipristal, de HR Pharma). La disponibilidad de la PDD sin receta en farmacias permite a sus comercializadores (Bayer, Chiesi y Medimpex) efectuar un reposicionamiento de mercado, ante el inminente advenimiento de un nuevo competidor.

Uso de la PDD en menores de 16 años:

- No hay estudios representativos en los que se demuestre que la utilización de la PDD en menores de 16 años (entre el 30-40% de las consumidoras) sea segura. En consecuencia, su dispensación gratuita y sin receta puede entrar en conflicto con el artículo 10.1.b) de la LGURM que establece que, entre los requisitos exigibles para la autorización de fármacos se halla la seguridad. No se puede asegurar que la ingesta frecuente durante la adolescencia carezca de consecuencias negativas en la salud sexual y reproductiva en la edad adulta.

- Con la dispensación de la PDD sin receta, el farmacéutico ha de ser quien juzgue en algunos casos sobre la madurez de la menor para decidir sobre la toma de un producto que afecta a su salud, entrando en competencia con el derecho y deber de los padres a una intervención educativa, papel que parece ajeno a la labor de un farmacéutico. La experiencia muestra que muchas menores no conocen aún su ciclo sexual, con lo que la toma de un medicamento cuyo efecto depende de esos factores puede generar situaciones complicadas.

o El artículo 9, 3.c) de la Ley de Autonomía del Paciente establece que, cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, el consentimiento lo dará el representante legal del menor. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

- Nada impide que sea un varón quien adquiera la PDD: sin pretenderlo, se pueden facilitar conductas desaprensivas e incluso delictivas de abusos a mujeres menores de edad; por ejemplo, las que se dan en el entorno familiar.

RESUMEN de la evaluación sobre la PDD:

La PDD es un producto que no reduce la incidencia poblacional de embarazo inesperado ni aborto provocado, que su efecto antiimplantatorio puede resultar fatal para la vida del embrión, que presenta efectos adversos molestos y muy frecuentes para las usuarias, que podría ser nocivo en adolescentes, o en uso inadecuado o repetido como anticonceptivo, etc., que representa un coste superfluo para la sociedad y que supone un conflicto para los principios deontológicos y éticos reconocidos por muchos profesionales sanitarios.

La dispensación de la PDD sin control médico puede incentivar su uso, dificultar la información de las usuarias y agravar sus problemas de seguridad.

Consideraciones legales y actuación profesional ante la dispensación de la PDD

La ley obliga al farmacéutico a dispensar los medicamentos que le sean debidamente requeridos salvo causa justificada (Art. 101.15 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, LGURM), incluidos aquellos que no requieren receta para su dispensación. Entendemos que, ante una demanda de dispensación de la PDD, pueden ser causas justificadas para oponerse con su mejor criterio profesional a la dispensación de la PDD:

- El conocimiento acerca del efecto nocivo de la PDD sobre el embrión

- El conocimiento de su efecto global negativo para la salud pública, por su inefectividad poblacional, su inseguridad y su coste.

- La imposibilidad de garantizar su seguridad para la mujer, debido a:

o la incertidumbre ante posibles enfermedades, embarazo u otras condiciones basales de la usuaria,

o la falta de un registro de uso para detectar un consumo repetido que sería nocivo para su salud,

o la incapacidad para juzgar convenientemente la madurez de una menor en las condiciones concretas de dispensación de la PDD,

o la incertidumbre de quién va a ser realmente la destinataria del producto que se dispensa,

o la imposibilidad de hacerse responsable, como único agente sanitario que interviene en el proceso, de los posibles errores o consecuencias adversas que se pudieran derivar de la administración del producto dispensado y que serían potencialmente evitables.

Estas serían, a nuestro juicio, condiciones suficientes para manifestar expresamente a las demandantes de PDD y a quien lo pudiera requerir, la no conveniencia de su dispensación. Constituirían lo que se ha llamado “objeción de ciencia”. Se trata de una actuación del farmacéutico que, ejerciendo su autonomía profesional en bien de la salud de aquellos a los que afecta su responsabilidad profesional (incluido el posible embrión), se niega a dispensar un producto nocivo, o en condiciones que están lejos de garantizar un balance beneficio-riesgo adecuado. Otros profesionales sanitarios (médicos, enfermeros) podrían ejercer su autonomía profesional según criterios científico-éticos-profesionales de forma análoga.

Adicionalmente, el profesional implicado en el uso de la PDD (médico, farmacéutico, enfermero) puede acogerse a la objeción de conciencia, negándose a dispensar un producto nocivo para la vida del embrión. Este es un derecho fundamental, que forma parte de la libertad ideológica y de conciencia, y que permite, ante situaciones excepcionales y debidamente justificadas, abstenerse de cumplir una obligación legal por ser contraria a la conciencia personal.

Por más que se diga, la medida legal de permitir la dispensación de la PDD sin receta en las farmacias no cambia, ni puede cambiar, la validez y legitimidad del derecho a la objeción de conciencia, al ser un derecho fundamental vinculado a la libertad de conciencia constitucional (Art. 16 de la Constitución), reconocido por varias sentencias, consagrado por los Códigos Deontológicos y recogido, además, por varias leyes autonómicas (Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha). Este derecho, como ha señalado, entre otros, el TC, puede ejercitarse con independencia de que exista una ley específica que lo regule. Aquel profesional que se reconozca en la necesidad de acogerse a este derecho, no debería como ciudadano renunciar a él, ya que la objeción de conciencia es un derecho de todos, y si los derechos no se ejercen, se acaban perdiendo.

La negativa de un profesional sanitario a dispensar un producto nocivo para la vida humana, puede enmarcarse tanto en el simple ejercicio de su mejor criterio profesional, como acogiéndose a la objeción de conciencia, ya que las consideraciones científicas, éticas y profesionales resultan inseparables. Una actuación verdaderamente profesional sólo merece tal nombre cuando es a la vez éticamente impecable y fundada en la mejor evidencia científica disponible.

Ley de Dignidad ante el proceso de muerte en Andalucía: el caballo de Troya de la eutanasia.

Esta ley andaluza parece inocua, pero es todo lo contrario: un CABALLO DE TROYA. La "trampa" está en las deficiones que usa, sensiblemente distintas al uso común de los términos. La ley no se limita a evitar el encarnizamiento terapéutico (sería algo muy bueno), sino que obliga al médico a practicar la eutanasia pasiva, que es lo que les hicieron a Terry Schiavo y a Eluana Englaro; para que nos entendamos: retirarles soporte vital básico no terapéutico como la bebida y la comida, para que murieran.

Si estudiamos la ley, enseguida nos topamos con una confusión deliberada, que disfraza de ley contra el encarnizamiento lo que no lo es. Está precisamente en las definiciones que son el preludio de la ley, y que son incorrectas:

"f) Limitación del esfuerzo TERAPÉUTICO: Retirada o no instauración de una MEDIDA DE SOPORTE VITAL o de cualquier otra intervención que, dado el mal pronóstico del paciente en términos de cantidad y calidad de vida futuras, constituye, a juicio de los profesionales sanitarios implicados, algo fútil, que sólo contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría.

g) MEDIDA DE SOPORTE VITAL: Intervención sanitaria destinada a mantener las constantes vitales de un paciente, independientemente de que dicha intervención ACTÚE O NO TERAPÉUTICAMENTE sobre la enfermedad de base o el proceso biológico, que amenaza la vida del paciente".

Así "limitación del esfuerzo terapéutico" se define torticeramente como una limitación del esfuerzo NO NECESRIAMENTE TERAPÉUTICO. Esto es una contradicción "in terminis", pero tiene un fin muy claro: no distinguir entre lo que son las medidas terapéuticas o extraordinarias para mantener a un paciente con vida (medicación, respiración asistida, alimentación parenteral) y los simples cuidados o medidas ordinarias como son el alimentar al paciente o el darle de beber. Y se llega a demonizar una medida como el dar de beber, nada menos que con la siguiente definición:

"i) OBSTINACIÓN terapéutica: Situación en la que a una persona, que se encuentra en situación terminal o de agonía, se le inician o mantienen MEDIDAS DE SIOPORTE VITAL u otras intervenciones carentes de utilidad clínica, que únicamente prolongan su vida biológica, sin posibilidades reales de mejora o recuperación, siendo, en consecuencia, susceptibles de limitación".

Así se acaba haciendo la cuadratura del círculo: lo que no es ni siquiera terapéutico, se trata como "obstinación terapéutica". Sería obstinación terapéutica, por tanto, dar agua a un paciente en fase terminal.

Es impresionante cómo se ha desviado la atención de muchísimos profesionales, cómo se nos ha "dorado la píldora" haciéndonos pensar que esta ley permite la analgesia y sedación terminal aunque se corra el riesgo de acortar la vida (lo cual de suyo es éticamente aceptable y es práctica habitual), y en cambio el problema -gravísimo, terrible, inaudito- está en otro sitio de la ley.

Pero hay otro punto nefasto:

"l) SEDACIÓN paliativa: Administración de fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas, PARA REDUCIR LA CONCIENCIA de un paciente en situación terminal o de agonía, PARA ALIVIAR adecuadamente uno o más síntomas refractarios, previo consentimiento informado explícito en los términos establecidos en la Ley".

Estas son definiciones ambiguas que lo permiten todo. He señalado dos "paras", y el primero introduce como finalidad "reducir la conciencia". Una cosa es reducir la conciencia y otra sedar. Sedar es responder a la intranquilidad o ansiedad, mediante una intervención sedante o ansiolítica, que es lo mismo. A dosis más elevadas, el efecto es hipnótico, y se puede llegar a inducir el coma farmacológico. Esto es "reducir la consciencia"... hasta el extremo, mucho más allá de la sedación. Tal como está escrito, la ley permitiría considerar como "sedación paliativa" el caso de un señor que se entera que tiene un cáncer de pulmón y le quedan cuatro meses de vida, y que dice: "yo quiero que me duerman el tiempo que me queda y no enterarme de nada, porque me causa intranquilidad esto".

Además, utiliza el término ambiguo "sedación terminal" cuando más correcto sería "sedación paliativa en la agonía", claramente para extenderlo, no sólo a los momentos en que la muerte se prevé muy próxima, sino a todo, en contra de lo que recomienda la sociedad de cuidados paliativos (SECPAL): "Se entiende por sedación terminal la administración deliberada de fármacos para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y/o psicológico, mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la consciencia en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima y con su consentimiento explícito, implícito o delegado". También se omite lo de "inalcanzable con otras medidas". En fin, todo esto es ambiguo y torticero y va a lo que va: con esto en la mano, cualquier paciente puede pedir a sus médicos que le induzcan un coma y que no le den ni de beber hasta que muera, so pena de ser acusados, si no lo hacen, de "obstinamiento terapéutico", y sin posibilidad siquiera de negarse a hacerlo por conciencia personal y profesional. Inaudito.

Pero ¿cuántos meses le tienen que quedar de vida a este señor?. En cuidados paliativos, se suele entender como "situación terminal" una esperanza de vida de menos de seis meses: http://www.secpal.com/guiacp/index.php?acc=dos

"1. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable.
2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.
3. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.
4. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte.
5. Pronóstico de vida inferior a 6 meses".

¿Cuánto entiende la ley? Veamos:

"o) SITUACIÓN TERMINAL: Presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, con un pronóstico de vida LIMITADO y en la que concurren síntomas intensos y cambiantes que requieren una gran intensidad en las intervenciones específicas por parte de profesionales
sanitarios.

¡"Limitado"... sin limitar! Pero ¿quién no tiene un "pronóstico de vida LIMITADO"? Esa indefinción, lo que hace de hecho es eliminar la limitación de tiempo y dejar las condiciones en tener una "enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico en la que concurren síntomas intensos y cambiantes", aunque el paciente pueda vivir dos años, cuatro, etc.

En conclusión, el legislador ha manipulado las definiciones para hacer una ley torticera, engañando a todos. Leyendo las informaciones que hay sobre esta ley, había casi llegado a la opinión de que en el fondo no regula nada nuevo, que era una ley de cara a la galería. ¡Tremendo error! Esta ley es una bomba que demoniza los cuidados más básicos a la vida del paciente terminal y permite la inducción de un coma y eutanasia pasiva a cualquier paciente que, tal vez incluso sin conocimiento de lo que estas definiciones torticeras establecen, pida que no se le trate con "obstinación terapéutica" cuando tenga una enfermedad incurable.