martes, 29 de noviembre de 2016

Sostenibilidad de la sanidad pública: la clave es el precio que pagamos por los fármacos

Soy un firme defensor de la sanidad pública. Creo que es un logro ético, consecuencia de considerar la dignidad humana, que no permite que alguien carezca de cuidados médicos por no tener dinero para pagárselos (por cierto, que pienso que la dignidad humana es tal desde el inicio de la vida humana, motivo por el que me distancio tanto de las izquierdas como -doblemente- de los liberales).

El reto es que hay una industria (farmacéutica) capaz de ofrecer un producto (nuevos medicamentos) con un beneficio bastante bien medido (p. ej., tres meses de supervivencia en pacientes con melanoma), en contraste con otros bienes alternativos cuyo beneficio probablemente existe y es elevado, pero no se ha medido o es muy difícil de determinar: por ejemplo, no sabemos cuál es el beneficio en supervivencia de tener un determinado ratio de oncólogos o cirujanos por cada 100.000 habitantes, o de estrategias como la conciliación para adecuar los tratamientos que un paciente lleva al hospital cuando va a ser intervenido quirúrgicamente.

Esto, en un entorno liberal, está haciendo que el precio de los nuevos medicamentos sea tan alto como el sistema pueda pagar, porque de no aceptar precios tan elevados, la noticia de la no introducción de un fármaco que mejora 3 meses la supervivencia de pacientes con cáncer, sería inaceptable para la opinión pública. Lo que la opinión pública no sabe o le es difícil valorar es que, para pagar esos medicamentos, se está disminuyendo el número de profesionales o se está acabando totalmente con la innovación en otras áreas que mejorarían claramente la atención sanitaria.

 Es más, podemos decir que los precios de los medicamentos son ya más elevados que lo que el sistema puede pagar. Esto es poco inteligente para la propia industria farmacéutica, que va a "matar la gallina de los huevos de oro", que es la sanidad pública. Sin embargo, la industra farmacéutica es incapaz de moderarse, dando cuenta a inversores anónimos que sólo valoran la ganancia momentánea, que exprimen los yacimientos económicos hasta que dejan de dar fruto y entonces invierten en otros.

Ante esto, hay dos grandes opciones, que no son excluyentes: Modificar los precios y modificar las inversiones públicas.

- Modificar los precios requeriría un acuerdo político internacional, para actuar como presión ante el poder económico. Como nunca en la historia ha existido tal dominación del poder económico sobre la política como ahora, esto parece difícil a medio plazo. Pero es algo que los políticos deberían plantear a sus votantes, para que la democracia jugara sus bazas políticas. Europa, que es el continente donde se ha desarrollado el concepto de sanidad pública, debería contar con una evaluación de medicamentos a nivel europeo (eficacia, seguridad, adecuación y coste), y una política unitaria de precios, si es que se quiere alcanzar la capacidad de negociar realmente con la industria farmacéutica. 

- Modificar las inversiones y dejar de financiar medicamentos con un beneficio no elevado, para pagar otros bienes como el personal o la innovación asistencial, es otra opción no excluyente. Parece una medida tan evidentemente razonable que sería exigible; el problema es que la opinión pública no conozca estas situaciones, lo cual sería una buena tarea de los políticos. El peligro de esta opción es que se abre un camino importante para la privatización progresiva de la sanidad, porque si se dejan de pagar prestaciones beneficiosas, las personas con más ingresos accederán a ellas mediante sanidad privada, y se irá creando una sanidad de máximas prestaciones para los "ricos", frente a una sanidad pública de prestaciones más modestas.

Esta última es una de las grandes amenazas de la sanidad pública: que, para mantenerse "competitiva" frente a la privada, necesita pagar todas las verdaderas innovaciones que salgan al mercado, pues de lo contrario se convertirá en una sanidad "de segunda clase" y acabará decayendo al modelo privado (tipo estadounidense). Esto no es un futurible: ya está sucediendo cuando la sanidad pública se llena de listas de espera inaceptables desde un punto de vista sanitario, por lo que sólo los que pagan sanidad privada tienen acceso a tratamiento en un tiempo adecuado (como vemos en Traumatología, Rehabilitación, etc.).

En consecuencia, las medidas más acertadas parecen:

- Promover una política de precios máximos común en toda la UE, que para defender la supervivencia de la sanidad pública, mantenga una negociación de alto nivel con las empresas farmacéuticas y ponga coto a sus ambiciones económicas desmedidas y cortoplacistas. Esto precisa de una evaluación independiente y científicamente sólida de la innovación a nivel europeo que vaya más allá del registro y tenga en cuenta el análisis económico de la incorporación de los nuevos fármacos .

- Una mayor exigencia a la hora de financiar medicamentos para la sanidad pública por parte de los estados, que requiere unos beneficios mínimos demostrados.

- Una revisión continua de todas las inversiones de la sanidad pública, con criterios de eficiencia, incluyendo no sólo medicamentos, sino material  y productos sanitarios, aparataje, transporte sanitario, etc.

- Un cambio de inversiones para adecuar plantillas al alza y para financiar la innovación en atención sanitaria, en campos como los cuidados paliativos, la conciliación de tratamientos farmacológicos, etc. Es imprescindible que la sanidad pública compita con la sanidad privada en estos aspectos, y que la ciudadanía esté informada de este traslado de inversiones que debe beneficiar a la salud de los pacientes. No tiene sentido estar derrochando grandes sumas de dinero en aumentar la supervivencia de pacientes con cáncer terminal en 2-3 meses mientras la carencia de personal médico causa perjuicios graves a la atención sanitaria en otros aspectos, o mientas gastamos recursos en atender reacciones adversas de los medicamentos que podrían ser evitables con una revisión de la polimedicación, etc.

Los partidos políticos deben darse cuenta de que no pueden entrar en el juego de las compañías farmacéuticas y utilizar la financiación de nuevos fármacos o vacunas como ventaja política. Muy al contrario, tienen una labor que cumplir para que la ciudadanía entienda que nos estamos gastando, en medicamentos, recursos que serían mucho más beneficioso para los pacientes en otro lugar, fundamentalmente en personal y en innovación de la atención sanitaria, y que es necesario tensar la cuerda de la negociación farmacéutica para que exista un equilibrio (hoy muy desviado) entre los beneficios de la industria farmacéutica y el beneficio para la sociedad en su conjunto.

En todo esto existe un punto clave: estamos pagando por los nuevos fármacos todo lo que somos capaces de pagar a corto plazo, y esto es insostenible. Lo estamos haciendo por un problema mediático y de opinion pública, y por tanto es imprescidible que políticos y ciudadanos bien informados hagamos prevalecer nuestros intereses frente las compañías farmacéuticas, y modulemos su política de precios.