En estos años, Andalucía ha sido pionera en uso racional del medicamento, que es justo lo contrario a los recortes indiscriminados para ahorrar en farmacia. Se trata de evitar gastos superfluos o inútiles para poder invertir en medicamentos que sí suponen un beneficio orientado al paciente. Andalucía ha sido pionera y seguida por el resto de comunidades en la promoción del uso de genéricos y la prescripción por principio activo. Lo mismo ha sucedido en los indicadores de calidad de uso de medicamentos, que priman el uso de medicamentos tan eficaces o más que aquellos otros que se comercializan como falsa "novedad" a un precio superior, y esto se ha hecho en antiulcerosos, estatinas, antidiabéticos, antiosteoporóticos, antidepresivos... El desarrollo de soportes informáticos a la prescripción y herramientas para el estudio de la misma está en el máximo nivel internacional.
En la atención hospitalaria, que es donde está hoy la mayor parte del crecimiento en fármacos, Andalucía ha sido puntera en lo mismo, gracias a sus profesionales, que han realizado en las comisiones de farmacia una gran labor de evaluación y posicionamiento de medicamentos. Se ha desarrollado e implementando una metodología actualizada y de gran nivel en la farmacia hospitalaria, como es la metodología GÉNESIS, colaborando con otros profesionales de toda España para evaluar la eficacia, seguridad y coste de los nuevos medicamentos. Y se cuenta con un grupo propio, el GHEMA, que ha contribuido a formar a generaciones de especialistas andaluces en evaluación farmacoterapéutica. Por otra parte, el desarrollo de las alternativas terapéuticas equivalentes, que permite la competencia de precios entre medicamentos que no presentan diferencias relevantes, es una medida de buena gestión extendida en los hospitales andaluces.
No todo en este tiempo han sido luces. En 1998, cuando el Gobierno de Aznar sacó de la financiación toda una serie de medicamentos de eficacia dudosa, no demostrada, que en Andalucía como en otras comunidades estaban sujetos a iniciativas para disuadir de su uso (los famosos UTB o VINE), Chaves dio un giro de 180º y anunció que iba a mantener su financiación en Andalucía, solo para hacer oposición "política", a costa de confundir a los pensionistas que los utilizaban. Años más tarde, en tiempos del ínclito Bernat Soria y su excesiva relación con la industria farmacéutica, se eliminó de un autoritario plumazo el indicador de Novedades Terapéuticas No Recomendadas (NTNR), quizá el indicador de prescripción más pedagógico disponible. Para este indicador se evaluaba -gracias al CADIME, en colaboración con otros centros de información farmacoterapéutica de toda España- la prescripción de medicamentos falsamente "novedosos", más caros y que no aportan nada a la terapéutica de los pacientes, frente a las verdaderas novedades que sí aportan. Por otra parte, el apoyo a un producto "ideologizado" como la píldora del día siguiente, elaborando incluso carteles engañosos sobre su mecanismo de acción "no abortivo" constituye otro punto oscuro. Y queda mucho por hacer en la información sobre uso y consumo de medicamentos a nivel hospitalario y en la prescripción externa hospitalaria.
La medida más polémica la han constituido las famosas "subastas". Hay que reconocer que han funcionado mal, pero más por desarrollo que por concepto. Se trata, simplemente, de no pagar más por lo mismo, o pagar menos acudiendo a la competencia. Frente a las falacias de vídeos que circulan en redes, todos los medicamentos comercializados en España tienen las mismas garantías obligatorias de contenido y liberación de principio activo, analizadas lote por lote y vigiladas por la Agencia Española de Medicamentos. Someter a un proceso de minimización de costes por competencia a los diversos medicamentos que tienen igual presentación (mismo principio activo, misma dosis, misma forma farmacéutica, misma cantidad de unidades), es un criterio básico de buena gestión que todos haríamos si fuéramos conscientes y tuviéramos capacidad de hacerlo. El problema está en que asignar todo el mercado a un solo laboratorio hace que a veces este, si no es potente, entre en desabastecimiento y tengamos que recurrir a marcas más caras. No es conveniente ir cambiando a los pacientes de marca cada poco tiempo, sobre todo por el lío que se pueden hacer los ancianos. Pero, como he dicho antes, es un problema de desajuste en el desarrollo, no de concepto.
En todo lo mencionado, buscar la eficiencia de forma razonable es un beneficio para los pacientes y para la sociedad. La inversión debe centrarse en lo que de verdad beneficia a los usuarios, y aún son necesarios grandes desarrollos en disponibilidad de profesionales para reducir listas de espera, en cuidados paliativos, en conciliación de medicamentos en el hospital y al alta, y en nuevos medicamentos que sí aportan beneficio, y a un precio razonable. En Andalucía han estado disponibles los mismos medicamentos que en el resto de España, y con un criterio de selección creo que incluso mejor que en el resto de España. Eso ha permitido que nuestro gasto en medicamentos creciera a un ritmo algo menor, y no ha sido recortando indiscriminadamente, sino procurando un uso eficiente. Queda muchísimo por hacer, pues si el trabajo continuo no se mantiene y se innova permanentemente, se pierde.
Seguir esta línea y profundizar en ella, ante una situación en la que los precios de los medicamentos crecen de forma injusta y desorbitada, sería una política adecuada. La política farmacéutica debe quedar al margen de vaivenes políticos, como ha sucedido -en general, salvo excepciones- en décadas pasadas en Andalucía, en las que ha primado el buen hacer científico-técnico.
Andalucía siempre ha sido una abanderada en la sanidad pública universal, que parte del concepto de que todo ser humano, por el hecho de serlo, posee una dignidad personal que le hace acreedor a recibir cuidados sanitarios cuando está enfermo. Se sigue en esto la estela de San Juan de Dios en Granada, Miguel de Mañara en Sevilla y los continuadores de su obra y su espíritu, que llenaron de hospitales benéficos la geografía andaluza desde hace siglos. Por eso tampoco sería ético apartar de la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales, aunque sea necesario ordenar y regular la inmigración.La sanidad pública es la forma más eficiente de proveer servicios sanitarios de calidad a toda la población, y es probablemente uno de los mayores logros éticos de las sociedades europeas. Conservarla y seguir desarrollándola hoy, pasa por promover una incorporación eficiente de los avances terapéuticos.
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